- Rosa Luna y Ruth Santín proponen la creación de un registro sectorial de empresas y la publicación de los procesos de contratación en la web municipal
El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de
Ponferrada reclama mayor transparencia en la adjudicación de
contratos por parte del Consistorio. Mediante una iniciativa
presentada por escrito, las concejalas Rosa Luna y Ruth Santín
proponen al equipo de gobierno la creación de un registro de
empresas y la publicación de los procesos de contratación en la web
municipal.
Ciudadanos
considera esencial que el Ayuntamiento cuente con un registro de
empresas por sectores a las cuales les haga llegar las ofertas de
contratación, para lo cual propone la habilitación de un mecanismo
que, debidamente publicitado, permita que toda empresa que lo
solicite pueda ser incluida en dicho registro, siempre manteniendo
los principios de la libre concurrencia amparados por la Ley.
Además,
Luna y Santín plantean la necesidad de hacer pública para los
ciudadanos toda la información posible sobre los procesos de
contratación en la sección de transparencia de la página web del
Ayuntamiento de Ponferrada. Con ello se daría publicidad a los
contratos que se hayan adjudicado bajo esta modalidad dando cuenta
del departamento gestor, número de expediente, objeto y tipo de
contrato, número de licitadores participantes en el procedimiento,
el importe adjudicado, la fecha de aprobación de la contratación,
el servicio prestado y la empresa prestataria, así como las posibles
decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.
El
Grupo Municipal Ciudadanos recuerda que la Ley de Contratos del
Servicio Público determina unos principios de libertad de acceso a
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos
para eliminar la discriminación y promover la igualdad de trato.
Esta ley establece que para los contratos mayores el importe debe ser
inferior a 50.000 euros cuando sean de obras e inferior a 18.000
euros en caso de suministro o servicios, no pudiendo tener este tipo
de contrato una duración superior a un año ni ser objeto de
prórroga.
Los
contratos menores, por otro
lado, se conciben como una herramienta para resolver problemas
puntuales de la administración pública que exijan una rápida
intervención y que necesiten una tramitación ágil. “Sin
embargo, este mecanismo no se puede usar de forma discrecional y
habitual para evitar tener que dar explicaciones sobre el
adjudicatario o la necesidad de la obra o servicio a que se refiere”,
señalan Luna y Santín. Su uso debe ser moderado y riguroso y exige
procedimientos extraordinarios de control y un extra de información
para no menoscabar los requisitos de libre concurrencia,
transparencia, publicidad e igualdad de trato.
La
aplicación de las directrices que marca la ley conlleva, además, a
“un
mejor control del gasto en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y garantiza la libre competencia y la selección de la
oferta económicamente más ventajosa”,
explican.
Por
otro lado, la Ley General de Subvenciones señala que cuando el
importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en
la Ley de Contratos del Sector público para el contrato menor, el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores con carácter previo a la contracción. Estas
cuantías a las que se refiere son 30.000 euros para obras y 12.000
euros para contratos de suministro o de servicios. Por ello, las
concejalas del partido naranja consideran que tanto las cuantías
derivadas de subvenciones como aquellas que proceden de las arcas
municipales son dinero público y, por tanto, la gestión de
contratación debería realizarse de la misma manera, por lo que
también se evitaría discriminar unas prestaciones frente a otras.
Ciudadanos
opina que la promoción de estas nuevas medidas encaminadas a la
transparencia en los contratos “no
sólo facilitaría los cauces establecidos para el encargo de
servicios o suministros por parte del Ayuntamiento, sino que haría
partícipes en mayor medida a los ciudadanos de las decisiones que
toman sus representantes respecto al gasto público”.
Además, ello supondría una mejora sustancial en cuanto a las
condiciones de garantía de libre concurrencia e igualdad que
garantizarían que el Consistorio pudiese optar a la mejor oferta,
con el consiguiente beneficio de ahorro para las arcas municipales,
evitando además conflictos y dudas sobre los contratos otorgados por
el Consistorio.